La mitad más pobre del planeta solo es responsable del 10% de las emisiones causantes del cambio climático, pero las personas más vulnerables son precisamente quienes más sufren las consecuencias de los desastres naturales que provoca.
Todos los años, millones de personas se ven obligadas a vivir en la pobreza debido a desastres naturales como sequías, huracanes, inundaciones o temperaturas extremas. Son personas como Heidy, de Morales, Guatemala, cuya aldea quedó completamente arrasada tras dos tormentas tropicales sucesivas en 2020, o como William de Kasese, Uganda, que perdió su casa y todo su ganado por unas inundaciones repentinas que lo destruyeron todo.
Microseguros para danos por desastres naturales
Por favor, ayúdanos a reparar los daños de los desastres naturales provocados por el cambio climático y a trabajar para que las personas más vulnerables puedan prepararse mejor para afrontar nuevas emergencias.
Famílias como la de Heidy y la de William necesitan recibir nuestro apoyo desde el mismo momento en que se producen los desastres. Por favor, ayúdanos para que puedan reconstruir sus comunidades y prepararse mejor para afrontar nuevas emergencias.
Trabajamos con comunidades locales para desarrollar su resiliencia frente a la crisis climática. Por ejemplo, en el norte de Etiopía, donde las sequías son cada vez más frecuentes y graves, hemos puesto en marcha una iniciativa de microseguros para familias agricultoras a pequeña escala. Y en Sudáfrica hemos instalado paneles solares en escuelas para demostrarle al Gobierno que existen soluciones para reducir las emisiones y los costes de la electricidad.
Los accidentes, desastres naturales y las demandas legales son algunos de los acontecimientos inesperados que ponen en peligro la estabilidad de tu negocio. Aprende cómo una póliza de propiedad comercial te ayuda a remediar sus daños y proteger lo que con esfuerzo has levantado.
La explotación de los recursos naturales ha sido desde siempre una condición necesaria para la acumulación de capital. Como ha mostrado recientemente Timothy Mitchell en su libro Carbon Democracy [Democracia del carbono], ningún sector de las sociedades modernas escapa a la influencia de los combustibles fósiles (carbón, petróleo), incluidas las instituciones democráticas1. La aparición de estas instituciones, de hecho, ha sido posible gracias a la existencia de ciertos tipos de conflictos sociales desde el siglo XIX, los cuales habrían sido inconcebibles sin el sistema de energía basado en el carbono dominante desde hace dos siglos.
Pero el Estado capitalista también tiene la función de construir la naturaleza. Esta, para ser explotada de forma permanente, primero debe ser organizada o configurada. Por ejemplo, en el plano legal, el Estado entrega derechos de propiedad sobre las especies naturales o sobre las partículas de CO2, en el marco de la mercantilización de la biodiversidad o de los mercados de carbono. Así, autoriza a los operadores privados a sacar beneficios de su negocio. O en el plano estadístico: contabilizar y administrar los recursos naturales es una obsesión del Estado al menos desde los fisiócratas del siglo XVIII (fisiocracia significa gobierno de la naturaleza). El Estado organiza entonces la naturaleza y la pone a disposición del capital. Generar valor capitalista supone producir y destruir constantemente la naturaleza. El capital, sin embargo, no puede hacerlo solo, necesita para ello del concurso de una entidad a la que pueda encomendar las tareas que él no puede cumplir: el Estado. El capitalismo, la naturaleza y el Estado, por lo tanto, constituyen en la modernidad un tríptico indisociable. Por esa razón, el tema central para todo movimiento ecologista digno de ese nombre es la cuestión del Estado.
En caso de desastres naturales o industriales, las aseguradoras tienden a incrementar las primas de los seguros, a veces llevándolas a precios prohibitivos. Esto produce un efecto de exclusión, ya que desmotiva a los individuos a asegurarse debido a las primas excesivas, lo que estrecha el mercado y obliga a las aseguradoras a aumentar aún más sus primas debido a la insuficiente demanda. Este problema es especialmente grave en los países pobres. La existencia de un mercado de seguros supone la presencia de un número suficiente de personas que disponen de los medios para asegurarse; de lo contrario, los riesgos resultan insuficientemente diversificados y, por tanto, las aseguradoras no pueden pagar en caso de catástrofe. En los países en desarrollo, el umbral mínimo rara vez se alcanza. A veces, además, ocurre que el marco jurídico es defectuoso; la aparición de un mercado de seguros en ausencia de un marco jurídico estable es problemática. La financiarización de los seguros de riesgos climáticos representa una manera de superar estos obstáculos para las compañías de seguros y los gobiernos.
Basado en índices significa que su disparador es una escala graduada, por ejemplo respecto de la temperatura o la pluviometría, la cual, si supera cierto umbral, implica una indemnización. Sistemas de seguros de este tipo también existen en Bolivia, la India y Sudán y son activamente promovidos por las organizaciones internacionales. Forman parte de un sistema en auge en la actualidad, el de los microseguros, que es el equivalente al microcrédito en el sector de los seguros3. El microseguro es síntoma de la actual financiarización de la vida cotidiana4. La proliferación de desastres naturales debido al cambio climático promete un futuro brillante para este sector.
La integración de los pobres al mercado de los seguros a menudo supone que las primas de seguros estén subvencionadas por el Estado, al menos en un comienzo. Este es el mecanismo denominado asociaciones público-privadas (o public-private partnerships, PPP), que es uno de los pilares del régimen de seguros neoliberal, cuyas manifestaciones encontramos hoy en día en todos los sectores de la economía, por ejemplo en la construcción de escuelas o en la administración de prisiones. Otro gigante de la industria de los reaseguros, Swiss Re, ha publicado en 2011 un informe titulado Closing the Financial Gap. New Partnerships between the Public and the Private Sectors to Finance Disaster Risks [Cerrar la brecha financiera. Las nuevas asociaciones entre el sector público y el sector privado para financiar los riesgos de desastres]8. La brecha financiera que se menciona en este título es la que separa a los agricultores pobres de los países en desarrollo de la asegurabilidad, es decir, de la rentabilidad para las aseguradoras. De acuerdo con Swiss Re, corresponde a los Estados salvar esta brecha, es decir, llevar al agricultor pobre o al habitante del bidonville global al mercado, para que las aseguradoras puedan asegurarlo. La reaseguradora suiza presenta varios argumentos para convencer a los Estados. Un campesino sin seguro, por ejemplo, es menos productivo. Sujeto a los avatares de la naturaleza o de las enfermedades, tenderá a invertir menos en maquinaria y fertilizantes, y por tanto su productividad tenderá a estancarse. Además, de todos modos, esto es en última instancia responsabilidad del Estado, pues si se destruye la cosecha o si el campesino se enferma, será su apoyo el que buscará. Es la razón por la cual Swiss Re sugiere que el Estado vuelva obligatorios estos seguros privados. Como lo ha mostrado Michel Foucault, el neoliberalismo tiene poco que ver con el laissez-faire y todo que ver con la intervención permanente del Estado en favor de los mercados.
Una obligación es un título de crédito o una fracción de deuda intercambiable en un mercado financiero, que es objeto de una cotización (que tiene un precio que fluctúa). Una obligación puede ser pública, y entonces es un bono del Tesoro, o puede ser emitida por una entidad privada. Las obligaciones de catástrofe son fracciones de deuda cuya particularidad es proceder no de una deuda contraída por un Estado para renovar su infraestructura o por una empresa para financiar la innovación, sino de la naturaleza y de las catástrofes naturales. Lo que las subyace, en definitiva, es la naturaleza. Atañen a una catástrofe natural que aún no se ha producido, que es posible pero no seguro que se produzca, y que sabemos que ocasionará daños materiales y humanos significativos. El objetivo de las obligaciones catástrofe es dispersar los riesgos naturales lo más ampliamente posible en el espacio y el tiempo, a fin de hacerlos financieramente imperceptibles.
La mayoría de las obligaciones catástrofe emitidas hasta la fecha lo han sido por aseguradoras y reaseguradoras, que desean protegerse contra los costos potenciales de las catástrofes. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 surge una nueva tendencia, que consiste en que los Estados emitan obligaciones catástrofe. Esto es lo que los teóricos del seguro llaman obligaciones catástrofe soberanas, del mismo modo que se habla de la deuda soberana9. Esta tendencia es promovida activamente por organizaciones internacionales que operan en el sector de la economía, en primer lugar el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también dispone de una secretaría para la reducción de riesgos, creada en 1999, que implementa una estrategia internacional para la reducción de desastres: la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés)10.
El gran número de catástrofes naturales ha llevado al gobierno mexicano a crear en 1996 un Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Este fondo interviene tanto a corto como a largo plazo: procura ayuda financiera de emergencia a las víctimas en los primeros momentos después de una catástrofe y financia luego la reconstrucción de la infraestructura. El Fonden es un fondo jurídicamente independiente, pero financiado por el presupuesto del Estado. Hasta principios de la década de 2000, el sistema ha funcionado de manera adecuada, debido a que los desastres naturales significaron costos relativamente bajos. Sin embargo, a partir de entonces, una serie de catástrofes que implicaron costos exorbitantes se abatió sobre el país. Así, en 2005, por ejemplo, el gobierno federal había planeado invertir 50 millones de dólares para ayuda en caso de desastre y terminó gastando 800 millones12. 2ff7e9595c
Comments